Procuraduría inhabilita a Martín Alfonso Mejía, exalcalde de Calima El Darién
La Procuraduría General de la Nación inhabilitó por 12 meses al exalcalde de Calima El Darién, Martín Alfonso Mejía Londoño, tras determinar que incurrió en una falta disciplinaria grave durante su mandato (2020-2023).Según el fallo de primera instancia emitido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Buga y confirmado en los últimos días (11 de marzo de 2026), el exfuncionario omitió durante casi 18 meses el envío oportuno a la Gobernación del Valle del Cauca de varios acuerdos municipales aprobados por el Concejo local. Esta omisión abarcó toda la vigencia 2020 y se extendió hasta el 15 de julio de 2021, sin que existiera justificación aparente para el incumplimiento.El trámite de remisión de los acuerdos es obligatorio y constituye una pieza clave del control administrativo departamental. Permite a las autoridades superiores verificar la legalidad de las decisiones municipales, ejercer vigilancia preventiva y garantizar que se ajusten a la normatividad vigente.La Procuraduría calificó la conducta como falta disciplinaria grave a título de culpa gravísima, al considerar que vulneró los principios de celeridad y responsabilidad que rigen la función administrativa. El ente de control sostuvo que esta omisión afectó de manera sustancial el adecuado funcionamiento de la administración pública municipal y el sistema de control político-administrativo establecido en la ley.Como consecuencia, se impuso a Mejía Londoño la sanción de suspensión en el ejercicio de cargos públicos e inhabilidad especial por 12 meses para desempeñar cualquier empleo, cargo o función en la administración pública. La medida empieza a contar una vez quede en firme la providencia.Este caso se suma a otros procesos disciplinarios previos abiertos contra el exalcalde por la Procuraduría, aunque el actual se centra exclusivamente en la omisión documental. Hasta el momento no se han conocido declaraciones públicas de Martín Alfonso Mejía Londoño ni de su defensa respecto al fallo.La decisión, difundida ampliamente por la propia Procuraduría a través de su cuenta oficial y replicada en medios regionales del Valle del Cauca, subraya la relevancia de cumplir con los deberes formales en la gestión local, incluso en aspectos aparentemente procedimentales, ya que forman parte de las garantías de transparencia y legalidad en la administración pública.