Contrato millonario a dedo de la Fundación Pares con el Gobierno Petro genera cuestionamientos en plena campaña
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares), dirigida por el periodista León Valencia, firmó un contrato directo por $4.836 millones con el Ministerio de Minas y Energía, sin licitación ni concurso de méritos.El acuerdo, suscrito por el propio Valencia en nombre de la fundación, ha despertado fuertes críticas porque se ejecuta en medio del calendario electoral y coincide con acciones de apoyo al senador Iván Cepeda, precandidato presidencial del Pacto Histórico.Apenas días después de la firma del contrato, León Valencia anunció el próximo lanzamiento de su nuevo libro Iván Cepeda: una vida contra el olvido, una obra que presenta como un recorrido por la trayectoria, las luchas y la historia personal del senador. Valencia ha promocionado el texto en redes sociales como un aporte a la memoria histórica.La Fundación Pares mantiene estrechos lazos con el entorno oficialista. El senador Ariel Ávila (Alianza Verde) ha sido históricamente una de sus figuras más visibles y, en las últimas horas, publicó un video expresando su respaldo explícito a la candidatura presidencial de Iván Cepeda.Además, Sofía Petro Alcocer, hija del presidente Gustavo Petro, forma parte de la fundación como columnista e investigadora, donde ha destacado públicamente su participación en proyectos de la organización.Coincidencias que generan suspicaciaLa secuencia de eventos —contrato multimillonario, apoyo público de Ávila y anuncio del libro laudatorio— ha llevado a varios sectores a cuestionar si se trata de una forma de retribución política con recursos públicos.Aunque desde la Fundación Pares y el Ministerio de Minas no se han emitido pronunciamientos oficiales sobre las críticas, el caso revive el debate sobre la contratación directa y los posibles conflictos de interés entre el periodismo, las ONG y la política en un año electoral clave.Con este contrato, Pares recibió una suma equivalente a más de ocho veces lo que reportó en ingresos durante todo el año 2025, según sus propios estados financieros.El episodio alimenta las acusaciones de que el gobierno de Gustavo Petro estaría utilizando recursos estatales para consolidar el camino de su candidato hacia la sucesión presidencial.