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marzo 2, 2026 by admin

CNE le ordenó a Duvalier Sánchez borrar publicaciones misóginas y ofrecer disculparse a Dilian Francisca Toro

CNE le ordenó a Duvalier Sánchez borrar publicaciones misóginas y ofrecer disculparse a Dilian Francisca Toro El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió una resolución de Sala […]

CNE le ordenó a Duvalier Sánchez borrar publicaciones misóginas y ofrecer disculparse a Dilian Francisca Toro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió una resolución de Sala Plena que impone medidas de protección a favor de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, tras determinar que el representante a la Cámara Duvalier Sánchez (del Partido Alianza Verde) y su fórmula a la Cámara, Andrés Felipe Ramírez, incurrieron en violencia política de género mediante expresiones consideradas misóginas y estereotipadas.En el fallo, aprobado con ponencia del magistrado Altus Baquero y siete votos a favor, el tribunal electoral analizó publicaciones realizadas por Sánchez —principalmente un video del 13 de enero de 2026 en Instagram— donde se refería al aspecto físico de la gobernadora Toro y de la exgobernadora Clara Luz Roldán. El CNE concluyó que frases como “se cambian el color del cabello”, “se mandan a hacer las cejas”, “las uñas”, “cirugías estéticas”, “quieren aumentarse algo o reducirse algo” o “buscan embellecerse”, asociadas a la noción de “capital erótico” y político, configuran violencia política contra la mujer por razones de género.“Esta Corporación concluye que las expresiones examinadas constituyen una forma de violencia política contra la mujer por razones de género, al incorporar estereotipos corporales, sexualizar la figura pública femenina, introducir la noción de ‘capital erótico’ como criterio de valoración política y desplazar el debate democrático hacia dimensiones personales ajenas al ejercicio del cargo, con afectación directa a la dignidad, la igualdad y la legitimidad política de las afectadas”, detalla textualmente la resolución.Como consecuencia, el CNE ordenó a Duvalier Sánchez:
  • Retirar de inmediato la publicación cuestionada de Instagram y cualquier otra red social donde aparezca.
  • Publicar excusas públicas dirigidas a Dilian Francisca Toro y Clara Luz Roldán en su cuenta oficial de Instagram, como medida de reparación simbólica y garantía de no repetición. Estas disculpas deben permanecer visibles por al menos 30 días.
  • Cumplir con lo anterior en un plazo de cinco días hábiles desde la notificación.
Adicionalmente, la resolución exhorta a Andrés Felipe Ramírez —exalcalde de Jamundí y candidato al Congreso— a abstenerse de cualquier manifestación o conducta que configure violencia política de género contra mujeres, en el marco de su participación política.El fallo se enmarca en la aplicación de la Ley 2453 de 2025 sobre violencia política contra las mujeres y surge de una denuncia impulsada por el Partido de la U. En caso de incumplimiento, Sánchez podría enfrentar sanciones económicas, administrativas o incluso afectar su situación electoral, en un contexto preelectoral de cara a las legislativas de marzo de 2026.La gobernadora Dilian Francisca Toro reaccionó celebrando la decisión como una “victoria colectiva” contra la violencia política de género. En un video publicado en sus redes, Toro afirmó: “Intentaron silenciarme, desacreditarme y herir mi honra. No pudieron. Esta decisión es un mensaje poderoso: no estamos solas y no vamos a callar más”. Destacó que atacar a una mujer por su género no es oposición legítima, sino violencia, y llamó a defender la participación femenina en política con dignidad.La controversia ha generado debate en redes y medios regionales: sectores cercanos al gobierno departamental la ven como un precedente protector de los derechos de las mujeres en la esfera pública, mientras críticos del fallo —incluyendo algunos opositores— lo cuestionan como un límite al control político legítimo o un uso instrumental de la violencia de género. Hasta el momento, no se han reportado respuestas públicas de Sánchez o Ramírez respecto al cumplimiento de las órdenes. El caso refuerza la jurisprudencia del CNE en materia de protección contra este tipo de violencias en el ámbito político colombiano.