Ana Erazo muy crítica con el valle pero sigilosa ante la corrupción del gobierno nacional
En medio de la polarizada escena política del Valle del Cauca, la senadora Norma Hurtado (del movimiento Nueva Generación) respondió a las críticas recurrentes de la exconcejala de Cali Ana Erazo —quien recientemente renunció a su curul para aspirar a la Cámara— y cuestionó lo que describió como un doble estándar en su labor de control político.Hurtado señaló que, mientras Erazo ha mantenido una constante ofensiva mediática contra la gestión de la Gobernación del Valle, ha guardado silencio frente a denuncias de presunta corrupción y gastos cuestionables en el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro.La senadora defendió los resultados de la administración departamental, destacando que el Valle del Cauca ocupó el primer lugar nacional en el Índice de Desempeño Institucional durante 2025, según reportes oficiales de la Gobernación. Entre los logros citados figuran la generación de 2.500 empleos formales a través de programas como Valle Emplea, la entrega de 5.800 becas a jóvenes y la distribución de 2.5 millones de raciones de comida en estrategias de nutrición y apoyo social. Hurtado presentó estas cifras como evidencia concreta frente a lo que calificó de intentos de desinformación.En contraste, Hurtado dirigió su crítica hacia el nivel central, donde denunció convenios por $313.000 millones suscritos desde el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y el Ministerio del Interior. Según la congresista, estos acuerdos habrían sido estructurados para eludir los principios de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación Pública), facilitando contrataciones directas sin procesos competitivos ni transparencia.A ello sumó cuestionamientos sobre gastos asociados a la imagen presidencial. Hurtado aludió a una investigación periodística que reveló contratos por cerca de $23.000 millones —principalmente a través de RTVC— para servicios de producción audiovisual, fotografía y asesoría de imagen, vinculados al despacho presidencial y cuestionados por presunto despilfarro en ítems como maquillaje y fotografía personal. La Presidencia ha aclarado que se trata de contratos interadministrativos para divulgación institucional y no pagos directos a favor de particulares, aunque la cifra y los beneficiarios han generado controversia pública y escrutinio de la Fiscalía.“La vigilancia política no puede ser selectiva ni convertirse en un instrumento partidista”, afirmó Hurtado, al calificar la postura de Erazo como una “ética de bolsillo”: exigente con la gestión regional opositora, pero permisiva con las irregularidades que, a su juicio, afectan el erario nacional.El intercambio evidencia las tensiones entre sectores del Pacto Histórico —al que está vinculada Erazo— y alianzas regionales como la de Dilian Francisca Toro, de la cual Hurtado es una de las principales figuras en el Valle del Cauca, en un contexto preelectoral hacia las legislativas.