Escándalo en Jamundí: Denuncian detrimento patrimonial de más de $3.000 millones por supuesto hospital COVID que nunca funcionó
Un nuevo capítulo de presuntas irregularidades en la gestión pública sacude al municipio de Jamundí. Según denuncias públicas, el denominado “clan” conformado por el congresista Duvalier Sánchez y el exalcalde Andrés Felipe Ramírez habría estado vinculado a un proyecto que presentó como un Hospital COVID ante la comunidad, pero que terminó generando un detrimento patrimonial superior a los 3.000 millones de pesos.El proyecto, promocionado durante la pandemia como una respuesta urgente a la crisis sanitaria, nunca entró en funcionamiento. La estructura quedó abandonada y, según las acusaciones, no cumplió con los estándares mínimos de habilitación médica requeridos por las autoridades sanitarias. El resultado: recursos públicos invertidos sin generar ningún beneficio para la salud de los jamundeños.La denuncia principal proviene del líder social y activista Julián Bedoya, quien en su momento apoyó políticamente a Sánchez y Ramírez durante la campaña de 2019 para la alcaldía de Jamundí. Bedoya afirma haber participado activamente en esa campaña, pero se distanció posteriormente al percatarse de lo que describe como prácticas corruptas. “Hice campaña con ellos, pero cuando vi la corrupción decidí apartarme”, ha señalado en intervenciones públicas y entrevistas en medios locales y redes sociales.Bedoya ha insistido en que el supuesto hospital COVID consistió en “cuatro paredes de panel yeso que nunca funcionaron”, representando un presunto mal manejo de fondos destinados a la emergencia sanitaria. La denuncia ha circulado ampliamente en plataformas digitales y medios alternativos del Valle del Cauca, especialmente en el contexto de las recientes elecciones legislativas de 2026, donde ambos personajes participaron activamente.Adicionalmente, Bedoya ha señalado irregularidades en el Hospital Piloto de Jamundí durante la administración de Ramírez (2020-2023), en la que Sánchez habría tenido un rol cercano como asesor o figura influyente. Según el activista, se habría implementado un esquema de tercerización del personal de salud a través de asociaciones o cooperativas, lo que califica como una forma de prevaricación laboral.Esta práctica ha sido cuestionada recientemente por el Ministerio de Trabajo, que habría iniciado inspecciones y verificaciones en el establecimiento. En el debate público, se ha mencionado que contratos millonarios se firmaron con figuras sindicales o asociaciones para la prestación de servicios, generando críticas por posibles vulneraciones a los derechos laborales y por el costo elevado para el erario público.Hasta el momento, ni Duvalier Sánchez ni Andrés Felipe Ramírez han emitido una respuesta oficial detallada a estas acusaciones específicas sobre el hospital COVID. En contextos electorales recientes, Ramírez ha defendido su gestión en el Hospital Piloto, argumentando que logró sanear sus finanzas y dejarlo con superávit pese a las dificultades de la pandemia y el estallido social. Sin embargo, las denuncias persisten y han sido amplificadas por sectores opositores en el Valle del Cauca.Este caso se suma a otros señalamientos que han surgido en torno a la contratación pública en el municipio durante ese periodo, incluyendo obras como la Plaza de Mercado, también cuestionadas por presuntos sobrecostos.Las autoridades competentes, como la Procuraduría General, la Contraloría y la Fiscalía, podrían ser llamadas a investigar estos hechos para determinar responsabilidades y eventuales perjuicios al patrimonio público. Mientras tanto, la comunidad de Jamundí espera respuestas claras sobre el destino de estos recursos que debían destinarse a fortalecer la atención en salud en medio de una de las peores crisis sanitarias de la historia reciente.